Ningún Estado puede arrogarse facultades para restringir la libertad de circulación de cualquier buque por ese ámbito, ni menos ejercer la fuerza contra buques mercantes de otra bandera salvo en los contados casos en que lo autoriza el propio Derecho Internacional (piratería, trata de esclavos, sospechas de falsa bandera, etcétera).
Y no cabe recurrir a la noción de zona o puerto bloqueado, propia del Derecho Marítimo de Guerra, cuando no existe tal guerra.
Sin embargo, los actos de los israelíes no pueden considerarse como un delito de piratería (susceptible de jurisdicción universal) de acuerdo con el Convenio del Derecho del Mar (UNCLOS 101), por la sencilla razón de que la piratería exige ineludiblemente para existir que el acto de fuerza se cometa "por un motivo personal", y aquí estamos ante motivaciones políticas o públicas.
Para salvar este vacío de tipificación se acordó en 1988 (precisamente con motivo del caso de terrorismo cometido contra Leon Klinghoffer, un judío-norteamericano a bordo del Achille Lauro) el Convenio Internacional para la Supresión de Actos ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima (SUA) que, este sí, tipifica como delito el apoderarse por la fuerza de un buque o de su control, o el realizar actos de violencia contra las personas embarcadas, por cualquier motivo que se efectúe, sea privado o público, económico o terrorista.
Curioso: el Estado israelí ratificó hace muy poco este Convenio (entró en vigor para él en abril de 2009) casi justo a tiempo para poder violarlo.
El artículo 6.1 del SUA establece la jurisdicción obligatoria para sancionar los actos ilícitos en cuestión del país cuya bandera enarbola el buque en el cual o contra el cual se ha realizado el acto de fuerza.
En este caso, si nos fijamos en el buque en el que se han realizado los actos más flagrantemente ilícitos, que es el buque turco Mavi Mármara, en el que se han causado varios muertos, sería Turquía como Estado de bandera el país legitimado para perseguir a los culpables y solicitar el amparo del Derecho Internacional para su entrega, incluyendo la posibilidad de acudir al Tribunal Internacional de Justicia en caso de que Israel se niegue a entregarlos.
Con carácter adicional, el artículo 6.2 del SUA establece la jurisdicción potestativa de otros Estados implicados, como aquellos de los cuales son nacionales las personas físicas afectadas: lo que confiere jurisdicción a los tribunales españoles, si quieren ejercitarla, puesto que existen ciudadanos patrios detenidos.
José María Ruiz Soroa es abogado.
El asfixiante bloqueo de GazaUn brutal acontecimiento que muestra hasta qué punto es asfixiante el bloqueo que Israel ejerce sobre ese territorio desde junio de 2007 y que, como forma de castigo colectivo, constituye una violación del derecho internacional humanitario.
Amnistía Internacional se dirigió ayer al ministro de Defensa de Israel para pedir una investigación inmediata, independiente y creíble sobre este ataque letal de sus Fuerzas Armadas y sobre las afirmaciones de que fueron agredidas con armas.
Para ello, Israel debe invitar a expertos de la ONU a que participen en dicha investigación.
También ha solicitado a las autoridades israelíes que hagan públicas las reglas de intervención dictadas a las tropas, porque según todos los indicios, respondieron de manera absolutamente desproporcionada al avance de la flotilla hacia las costas de Gaza.
Israel asegura que sus fuerzas han actuado en legítima defensa frente a un ataque de los activistas, pero no resulta creíble que los medios letales que han empleado estuvieran justificados, entre otras cosas porque los activistas ya habían explicado previamente que su objetivo principal era protestar de manera pacífica contra la persistencia del bloqueo Israelí.
Como potencia ocupante, Israel tiene el deber de garantizar el bienestar de la población de Gaza sin discriminación, respetando los derechos humanos de toda la población, como por ejemplo el derecho a la salud, a la educación, al trabajo o a un nivel de vida adecuado, lo cual incluye el derecho a la alimentación y a una vivienda adecuada.
Desde que entró en vigor el bloqueo, los cinco pasos fronterizos bajo control israelí entre Gaza e Israel o Cisjordania han permanecido cerrados. El otro paso fronterizo terrestre, el de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, está controlado por las autoridades egipcias y se mantiene cerrado la mayor parte del tiempo.
Israel aplica una política de prohibición absoluta para la circulación de personas y bienes, excepto en el caso de los artículos de primera necesidad que importan los organismos internacionales de ayuda humanitaria.
Las autoridades israelíes afirman que el bloqueo que mantiene sobre Gaza es una respuesta a los ataques con cohetes de efectos indiscriminados que palestinos armados lanzan desde allí contra el sur de Israel.
Pero el bloqueo no afecta específicamente a los grupos armados, sino que castiga a la población de Gaza en su conjunto, al restringir la entrada de alimentos, medicamentos, material educativo y materiales de construcción. Sus efectos se hacen sentir especialmente entre los más vulnerables de los 1,5 millones de habitantes del territorio: los niños y las niñas y las personas ancianas o enfermas. Esta situación ha producido una crisis humanitaria en toda regla, cuyo responsable es el Gobierno de Israel.
La Operación Plomo Fundido, que se prolongó de finales de diciembre de 2008 a mediados de enero de 2009, hizo que esta crisis humanitaria adquiriera proporciones catastróficas.
En la operación murieron 13 israelíes, y decenas más resultaron heridos en ataques con cohetes de efecto discriminado lanzados por grupos armados palestinos. Pero en Gaza, durante los ataques israelíes murieron más de 1.380 palestinos y se destruyeron gran cantidad de edificios e infraestructuras civiles, incluidos hospitales y escuelas y los sistemas de suministro de agua y electricidad. Millares de viviendas palestinas resultaron destruidas o sufrieron graves daños. Se calcula que 280 de las 641 escuelas de Gaza sufrieron daños y 18 fueron destruidas. Al comenzar el curso escolar 2009-2010, muchos alumnos de Gaza tuvieron que estudiar sin libros de texto ni material de escritura, mientras los camiones cargados de material escolar eran retenidos por Israel en el paso fronterizo de Kerem Shalom. Más de la mitad de los habitantes de Gaza son menores de 18 años, y la interrupción de su educación, debido a los daños causados durante la operación y a la persistencia del boicoteo israelí, está teniendo un efecto devastador.
Los hospitales también se han visto muy afectados por la ofensiva militar y el bloqueo.
Las autoridades israelíes han negado reiteradamente la entrada en Gaza a los camiones de ayuda médica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sin ofrecer ninguna explicación.
La OMS ha señalado los riesgos que corren las personas que necesitan con urgencia tratamiento médico debido a las demoras, y ha indicado que en 2009 murieron 28 pacientes mientras esperaban sus permisos, 14 de los cuales esperaban cruzar a Israel por el paso fronterizo de Erez.
El desempleo aumenta vertiginosamente en Gaza, pues los negocios que quedan sobreviven a duras penas con el bloqueo. En diciembre de 2009, la ONU informó de que era superior al 40%.
El bloqueo está sofocando prácticamente todos los aspectos de la vida de los habitantes de Gaza, dejando a su población en un aislamiento y sufrimiento crecientes.
Debido al desempleo masivo, la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y el aumento del precio de los alimentos causado por la escasez, cuatro de cada cinco habitantes de Gaza ya dependen de la ayuda humanitaria.
El Gobierno de Israel sigue agravando con total impunidad el sufrimiento de la población civil de Gaza y violando los compromisos adquiridos con la comunidad internacional en el ámbito de los derechos humanos.
El bloqueo sobre Gaza debe acabar.
Manuel
#588
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