Porque eso es lo que acaba de declarar Europa al quedar despejado el camino para la entrada en vigor del Tratado de Lisboa tras el voto afirmativo de los irlandeses en segunda convocatoria.
Decidida de nuevo a dejar una impronta nunca recorrida en la historia, Europa, a diferencia de Estados Unidos en 1776 y de tantos países en los siglos XIX y XX, no ha declarado la independencia, sino la voluntad de recorrer unida el futuro.
Alguien podría afirmar que eso ya lo había hecho con los tratados de Roma, Maastricht, Ámsterdam o Niza. Claro que sí, pero no con la fuerza constitucional, casi fundante, que encierra el de Lisboa. ¿Por qué?
La razón es sencilla: el Tratado de Lisboa se parece tanto a la Constitución Europea elaborada en la Convención, que ha heredado de ella los elementos esenciales (principios, valores, objetivos y derechos) que definen por primera vez en la norma fundamental de la Unión el modelo europeo: una democracia supranacional (la primera en el devenir de las construcciones políticas) basada en el Estado de derecho y en la economía social de mercado.
Negro sobre blanco.
Antes de esa Constitución o de su herencia -Lisboa- sabíamos por y para qué estábamos juntos, construyendo sucesivamente una unión aduanera, una zona de libre cambio, un mercado interior y, en fin, una moneda única, cada vez con más elementos de política exterior e interior comunes.
Pero ni lo habíamos escrito, ni votado ni, en consecuencia, declarado formalmente.
Ahora lo hemos hecho, poniendo en un Tratado, más allá de la mera suma de factores nacionales, el máximo común denominador de 27 países dispuestos a ser más en los próximos años.
De la mano de esa interdependencia, Lisboa va a llevarnos a una Unión Europea más democrática y eficaz.
Con él se crearán nuevas figuras institucionales -como el presidente estable del Consejo Europeo o un "ministro de Asuntos Exteriores" que, al margen de su título oficial, el común de los mortales terminará llamando de esa manera. Más importante que lo anterior: con el nuevo tratado, la Unión Europea tendrá más competencias (por ejemplo, en energía y cambio climático, ¡ahí es nada!), tomará muchas más decisiones por mayoría -en detrimento de la desesperante unanimidad- y adoptará casi toda la legislación, incluido el presupuesto, de forma bicameral por un Consejo formado por los Gobiernos y un Parlamento Europeo elegido directamente en las urnas.
Y aún más relevante que todo lo dicho: la ciudadanía europea pasará de ser una bella noción dotada de ligero contenido a ser sujeto de unos derechos hasta ahora nunca enunciados en el nivel de la Unión, gracias a una Carta de Derechos Fundamentales jurídicamente vinculante.
Habrá en Europa y fuera de ella quien no celebre la entrada en vigor del Tratado de Lisboa -como tampoco lo hizo con la elaboración de la Constitución- porque lo considere el paso hacia un federalismo que atenta contra la inmutable permanencia de los Estados nacionales que componen la Unión. Estará en su derecho.
Pero, con toda seguridad, las grandes mayorías empezarán a notar el cambio para bien que implica Lisboa más pronto que tarde.
Todavía más en una época de crisis económica y financiera de la que sólo puede salirse reforzando el modelo social europeo inscrito en el Tratado, cuando los nuevos interlocutores de Europa (empezando por Obama) necesitan para combatir el cambio climático o solucionar conflictos una UE auténtico actor global gracias a los instrumentos de Lisboa, o cuando la gente demanda mecanismos de democracia participativa como la Iniciativa Ciudadana incluida en la nueva norma comunitaria, que permitirá a un millón de europeos instar a la Comisión a presentar un proyecto de ley.
A España le tocará desarrollar Lisboa cuando ejerza la Presidencia de la UE en el primer semestre de 2010, liderando el inicio de una nueva Europa.
Es una coincidencia de calendario que, sin embargo, hace justicia a nuestro país e interesa a la Unión.
Hace justicia porque, sin el referéndum sobre la Constitución Europea convocado por el Gobierno de Zapatero en 2005 -en el que los electores respaldaron un texto desbloqueado por el mismo presidente al llegar a La Moncloa-, el proceso que ha desembocado en el Tratado de Lisboa habría embarrancado sin remedio: nuestro sí fue un argumento clave para seguir adelante tras el no en Francia y Holanda.
E interesa a Europa porque una aplicación ambiciosa del Tratado tendrá su mejor impulsor en un país netamente proeuropeo como España, encabezado por un Gobierno europeísta que cuenta con un amplio consenso político y social para esa tarea.
Lisboa no es el fin de la historia en la construcción europea.
De hecho, habrá que seguir profundizándola en el futuro (pienso, por ejemplo, en un Gobierno económico y social que cuente con un Tesoro comunitario) hasta conseguir la plena unión política.
Pero, de momento, con el nuevo Tratado la Unión Europea -ya con personalidad jurídica propia- ofrecerá, entre otras cosas, un teléfono al que llamar y, sobre todo, un alma.
Interdependiente, por supuesto.
es embajador en Misión Especial y fue miembro de la Convención Constitucional Europea.
Manuel
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