Lo de la ley, sobre todo en los romanos.
En el siglo III, un jurista llamado Domicio Ulpiano, que trabajaba para el emperador Caracalla, nos transmitía los sentimientos de su jefe al respecto de las xenias, o sea, de los regalos que los altos funcionarios del imperio recibían y podían o no aceptar.
Su consejo era un monumento al sentido común: "Ni todo, ni siempre, ni de todos".
Y lo explicaba un poco más: "un procónsul no puede privarse totalmente de xenia... rehusar de todos es una falta de educación, pero aceptar siempre parece de indecentes, despreciable aceptar de todos, y avaricioso aceptarlo todo".
Al final, de lo que se trata, según transmite Ulpiano, el espíritu de Caracalla, es de no sobrepasar en la aceptación de regalos todo aquello que excede las necesidades de la alimentación.
Traducido a nuestra época y a lo que nos preocupa sobre la actitud de nuestros políticos, nos deberíamos quedar con una botella de vino y una lata de espárragos como límites.
Lo de las anchoas, dependerá de la veda.
La cita de Ulpiano es, en cierto modo, consoladora, porque nos dice que nuestros representantes democráticos no son los más corruptos de la historia.
El asunto viene de lejos, por lo menos de los romanos.
Con algunos momentos estelares intermedios como la época en que Juan March era capaz de comprar a muchos de los mejores políticos españoles de la Restauración o la República.
Y el espléndido periodo franquista en el que el dictador daba ejemplo aceptando, por recordar un caso medianillo y morigerado, el pazo de Meirás.
Una vez consolados, sabedores de que no siempre están claros para todos los límites entre la aceptación educada de una pequeña Xenia que demuestra simpatía y la de 300.000 euros que demuestran demasiada simpatía, habrá que concentrarse en la búsqueda de unos mínimos códigos que den objetividad a la conducta pública, para evitar bochornos innecesarios.
¿Sería ilícito que una alcaldesa aceptara un bolso de marca y, en cambio, permisible que se dejara agasajar con una imitación comprada en los mercadillos de la frontera de Paraguay con Brasil? Fijar la otra frontera exigiría, para que la acción fuera eficiente, una tarea ingente de clasificación propia de entomólogos. También cabe otra solución, que es la de marcar un tope de precio.
Lo malo de estos regalos, de estas xenias, es que aunque no sirven para obtener contratos, sí suelen ser útiles para ablandar corazones. Son detalles simpáticos que pueden ayudar a abrir otras puertas.
Y detalles simpáticos que allanan, no siempre en la dirección más recomendable, las relaciones.
No sólo para facilitar la corrupción de políticos, sino también la de otro grupo profesional sobre el que se asientan algunos pilares del sistema: periodistas, que reciben en Navidad jamones, botellas de aceite, surtidos de turrón y, si se dedican a informar de instituciones financieras, plumas de oro y juegos de ajedrez de ébano y marfil. Y si de otras cosas, viajes al Caribe.
La salida es compleja.
Y quizá no quede más remedio que cortar por lo sano: los políticos y los periodistas no pueden recibir regalos cuyo valor exceda, por ejemplo, de 100 euros.
Una declaración de los partidos, de los grupos parlamentarios y de los directores de medios de comunicación bastaría para dejar las cosas en claro, y eliminaría la necesidad de hacer una ley, farragosa de forma obligada y ridículamente actualizable año tras año para adaptar los topes a la inflación.
Uno de los peores efectos de la polémica sobre los regalos a los políticos ha sido el de oscurecer el debate, aún más serio que lo de las anchoas del Cantábrico, sobre la corrupción.
Y volvemos a decir que la cosa es compleja (¡qué original!).
Pero, si lo piensa uno, no es tan compleja como parece a primera vista.
Porque la corrupción tiene dos caras, la del que la provoca y la del que la acepta.
Un agente, que podría ser un empresario, ofrece a un político algo a cambio de un favor; y un político acepta la oferta.
Al primero, al empresario (perdone el ilustre gremio el ser utilizado como ejemplo), sólo se le puede disuadir de su ilícita acción poniéndole ante la cara avisos legales y represivos; o sea, leyes duras contra ese tipo de acciones y actuaciones policiales y judiciales contundentes.
¿Sólo? No: poniéndole delante algo más serio, que es la garantía de que el sector público no va a aceptar nunca interferencias en adjudicaciones de obras o servicios.
Y algo más fácil que eso: dándole la garantía de que los partidos políticos van a rechazar cualquier actuación de sus militantes, sean estos dirigentes de primera o de cuarta fila, que rompa las leyes transparentes del mercado.
Un empresario alemán o francés sabía hasta hace poco que se enfrentaría a problemas serios si intentaba corromper a un político alemán o francés, pero también que nadie le iba a perseguir en su país por practicar la corrupción en África. Alguien tan poco sospechoso como Carlos Solchaga, ex ministro socialista, expresó en España su actitud de comprensión para quien tuviera que pagar en países foráneos tasas de corrupción para conseguir contratos.
Europa está así.
Es decir, que la tarea de combatir la corrupción está en los que hacen las leyes, en los que gobiernan y, de forma muy importante, en los partidos políticos.
¿Sería muy dificultoso obtener de esas instituciones, de los partidos, una declaración solemne por la que se garantizara que quien recibiera tentaciones de pagar podía tener la seguridad de que ni un euro de lo que le sirviera para satisfacer un soborno iría a parar a las arcas del partido?
Declararlo y demostrarlo muchas veces, tantas como se haya condenado a alguien por corrupción. Pero, para que una solemne declaración como esa tuviera credibilidad, haría falta que se cumplieran dos requisitos.
El primero, que las cuentas de los partidos fueran transparentes.
Porque no lo son, por mucho que lo aseguren los tesoreros de todos ellos, las cuentas están repletas de remiendos y de trucos. Los presupuestos son falsos y los déficits se suelen enmascarar con el dinero de los ayuntamientos y comunidades.
El segundo, que los sueldos, todas las remuneraciones que perciben nuestros políticos, afloren y sean considerados de interés público.
A muchos oradores parlamentarios se les hinchan los carrillos hablando de esos asuntos, pero todavía no sabemos por qué es imposible conocer de veras cuánto cobran cada mes aquéllos a los que elegimos que, desde el punto de vista del trabajo, son nuestros empleados, de los contribuyentes. Cuánto cobran, qué pluriempleos se permiten, qué dedicación tienen a su función y qué sueldos o primas sacan de sus actividades "externas".
Eso, de rebote, tendría un efecto gratificante para los que, por ejemplo, no reciben nada por participar en una tertulia y los que reciben un dineral por ser socios de un bufete de abogados.
Maniobras tan sencillas, tan poco complejas, bastarían para conseguir que nuestro país dejara de subir puestos en el ranking de la corrupción universal.
¿Por qué nuestros parlamentarios, por qué los dirigentes de los partidos a los que votamos se obstinan en no poner esos mecanismos en marcha?
La respuesta está volando en el viento porque la mayoría de los dirigentes políticos, de los responsables de los aparatos, quiere que esté ahí.
Mientras intentamos que se discuta sobre todo eso, que es de veras muy poquito y muy fácil, nos seguiremos dedicando a lo que es realmente complejo, que es saber cómo mantenernos en el límite de las xenias, aplicar el sentido común que nos recuerda Ulpiano: "ni todo, ni siempre, ni de todos".
Para ir tirando.
Agapito Ramos es abogado y Jorge M. Reverte es periodista y escritor.
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