Día tras día uno lee atónito y con impotencia las argucias y el cinismo que muestra el PP cuando acusa al Gobierno de todos sus males, intentando desviar así la atención de los ciudadanos de la acumulación de corrupciones que tiene en todos sus feudos.
Pero hoy, ya no aguanto más.
¿Cómo puede Cospedal, con la desfachatez característica de su partido, acusar sin pruebas al Gobierno, a la policía, a la fiscalía y a todo el que se le ponga por delante?
Ellos, que están destruyendo las instituciones democráticas, que permiten que un magistrado más que amigo de Camps presida el tribunal a cargo de su caso (¿no nos enseñaron que ni un juez, ni un psicólogo, pueden llevar ningún caso de familiares o amigos por la obvia falta de objetividad?).
Ellos, que están demonizando a policías, jueces y fiscales.
Ellos, que son incapaces de dimitir (véase Camps, Fabra, Trillo, Costa y un largo etcétera) y que, encima, se chulean y se jactan de continuar en el poder.
¿Desde qué ética pueden hablar?
Los ciudadanos de bien no nos podemos permitir la pasividad ante el deterioro de la democracia, representada por sus instituciones, empezando por la justicia en la que la sociedad ya está dejando de creer, por no ser libre ni equitativa sino puesta al servicio de políticos y poderosos. Hay que actuar, no callar, concienciarse, salir de este abotargamiento, y, sobre todo, en las próximas elecciones, castigar con nuestro voto a quien tanto daño está haciendo al país.
***
Como en otras ocasiones, el PP está reaccionando frente a los escándalos de corrupción que le afectan dando rienda suelta al delirio persecutorio: buscando fuera razones que expliquen lo que pasa dentro.
Es como si temiera que sus buenas expectativas electorales pudieran verse anuladas por el descrédito asociado al caso Gürtel y sus derivaciones.
Pero esta vez ha ido demasiado lejos en su búsqueda de culpables.
Sorprendió que fuera su secretaria general, Dolores de Cospedal, otras veces moderada, quien se colocara al borde del abismo al lanzar la acusación de que el Gobierno se dedicaba más a perseguir a la oposición que a ETA; pero un día después avanzó un paso más al decir que España se había convertido en un "Estado policial" en el que se pinchan teléfonos de dirigentes del PP y se utiliza a la fiscalía, la policía judicial y el servicio secreto (el CNI) contra la oposición. Dijo que todo eso le constaba, no que temiera o sospechara: se trata de una acusación gravísima que requeriría algo más que afirmarlo.
Denunciarlo en el juzgado, como le han respondido los socialistas, o presentar pruebas ante la opinión pública.
No es que sea inimaginable que se pinchen teléfonos y se espíe a políticos.
Ocurrió a mediados de los años ochenta y ha vuelto a ocurrir hace poco en la Comunidad de Madrid. Pero, al igual que la referencia a ETA, no es una acusación que pueda lanzarse a la ligera.
De momento, su efecto ha sido irritar a jueces, policías y fiscales, cuyas organizaciones también piden pruebas o rectificación; y envenenar aún más las relaciones entre el PP y el PSOE.
El boicoteo de los populares valencianos a la elección de la socialista Leire Pajín como senadora autonómica (para cubrir la vacante dejada por un europarlamentario elegido el 7-J) ilustra esta penosa situación.
Podría ser lógico que el Parlamento valenciano examinara los méritos de los candidatos antes de votarlos, dado que su Estatuto no exige el requisito de ser parlamentario para la elección como senador autonómico; pero la pretensión del PP de que Pajín deba demostrar su compromiso con los "intereses y las señas de identidad" valencianas, y hasta su posición respecto al trasvase del Ebro, es ridícula.
Y más con el recuerdo de la designación, hace dos años, sin examen alguno, de alguien cuyo único mérito conocido era el de ser hija del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, investigado por presunta corrupción.
La respuesta de José Blanco, amenazando con bloquear las negociaciones para la renovación de instituciones como la Comisión de la Energía o la de las Comunicaciones, no ayuda a resolver el problema. Zapatero, en un tono muy comedido, pidió ayer responsabilidad al primer partido de la oposición. Dijo que no había querido llamar a Rajoy por no interrumpirle las vacaciones.
Llame o no Zapatero, el líder popular debe poner fin a esta cadena de despropósitos y evitar el descrédito de las instituciones y la política.
***
Agosto ha dinamitado las relaciones institucionales entre las dos grandes formaciones políticas de España, PP y PSOE, envueltas en una guerra sorda a cuenta de las tramas de corrupción que salpican a los populares.
Este partido ha desencadenado esta semana una virulenta e inaudita escalada verbal contra el Gobierno, que los socialistas interpretan como una reacción de defensa ante las investigaciones judiciales que ponen bajo sospecha a algunos dirigentes del partido de Mariano Rajoy.
Impulsado por la victoria electoral de las europeas, animado por los últimos datos de las encuestas y aliviado por el archivo de la causa abierta por cohecho contra Francisco Camps, uno de sus principales barones, a Rajoy se le presentaba un inmejorable arranque de sus vacaciones.
Tanto que celebró eufórico ante los periodistas la exculpación provisional -el archivo está recurrido- de Camps, ironizó sobre el negocio que harían los vendedores de tila a cuenta de los que esperaban la condena del presidente valenciano y exigió cuentas a la Inquisición que denunció las andanzas de la trama corrupta en Valencia.
Después habló de un agosto ideal para visitar chiringuitos.
Pero el recurso de la Fiscalía ante el Supremo, que tendrá el efecto de mantener bajo sospecha al presidente valenciano durante al menos ocho meses con la amenaza de un traumático regreso al banquillo de los acusados, sumado a una inquietante redada judicial contra otra trama corrupta desarticulada en Baleares que afecta a ex altos cargos populares, ha devuelto a Rajoy y los suyos a los peores tiempos de la crispación.
Desde Marbella, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se encargó de agitar la vida política con algunas de las acusaciones más graves hechas nunca en democracia contra un Gobierno.
Cospedal aseguró el martes que la Fiscalía persigue a la oposición más que a ETA. Le debió de parecer poco y al día siguiente aseguró que los socialistas han ordenado escuchas ilegales a la oposición. Hasta los jueces, fiscales y policías conservadores se mostraron escandalizados por las asombrosas declaraciones.
La cuestión de si esta es una estrategia meditada y razonada en el PP para el próximo curso político sigue aún en el aire. Ni siquiera el rango de quien lanzó esa acusación (nada menos que la número dos del partido) despeja esa duda.
A pesar de que las acusaciones cuestionan el sistema mismo, Rajoy calla.
Nadie avaló a Cospedal el primer día. Incluso algún dirigente ha expresado en privado su estupor. El departamento de prensa del partido tardó varias horas en deslizar la idea de que estos hechos ya habían sido denunciados, aunque la denuncia del pasado día 24 que trata de hallar las fuentes periodísticas de EL PAÍS no decía nada parecido.
Después, todavía sin presentar pruebas, Cristóbal Montoro y José Luis Ayllón avalaron las acusaciones. El más explícito fue, ayer, Esteban González Pons.
"Hay gente en la justicia y en la policía que está empezando a darnos muchas claves", dijo en la Cope. Se entiende que la afirmación deja fuera a la Asociación Profesional de la Magistratura, al miembro del Poder Judicial Fernando de Rosa, nada menos que ex consejero de Camps, y a la CEP, sindicato policial que suele sintonizar con el PP. Todos ellos salieron el jueves, junto a todos los profesionales de la justicia y las Fuerzas de Seguridad a los que indirectamente Cospedal acusó de corruptos, a defender la honorabilidad de las instituciones y a exigir una denuncia formal si el PP tiene constancia de tales hechos.
El Gobierno recibió indignado y desconcertado estas andanadas verbales.
Hubo miembros del Ejecutivo que pensaron que lo mejor sería ningunear a Cospedal para rebajar la tensión: "Le ha dado demasiado el sol", ironizan.
E incluso barajaron la idea de que, tras la tormenta desatada por esas palabras, el PP echaría el freno.
Reflexionaron sobre la necesidad de establecer un contacto discreto con Federico Trillo, al que consideran "la mano que mece la cuna", en palabras de Elena Valenciano, pero lo descartaron.
Al final, los socialistas concluyeron que había que ser contundente en la respuesta por una denuncia tan calumniosa. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, de vacaciones en Lanzarote, consideraba muy grave que alguien pudiera acusar a su Gobierno de crear en España un estado policial; y, aunque optó por una reacción templada e institucional -pidió "responsabilidad" al partido de Rajoy-, dio vía libre a su partido para responder sin miramientos.
"El PP está corroído por la corrupción", declaró la diputada Elena Valenciano.
"El PP teme que algunos casos de corrupción, y el último de Mallorca, tengan graves consecuencias penales. Están preparando el terreno para que, si les va mal en los tribunales, instalar la idea de que son víctimas de la persecución ordenada por el Gobierno", señalaron otros dirigentes socialistas a este periódico.
"El PP reedita la crispación como forma de hacer política ante la evidente ausencia de alternativas", señaló José Blanco, el vicesecretario general del PSOE.
Pero el PP no se arredra y quiere que desfilen por el Congreso de los Diputados los supuestos culpables de tan graves delitos: el fiscal general del Estado -para que explique si hay un trato desigual a los imputados por corrupción del PSOE y del PP-, el Ministerio del Interior -para que aclare quién filtro el sumario sobre la corrupción del caso Gürtel y diga si ha pinchado los teléfonos de dirigentes populares- y la vicepresidenta primera del Gobierno -para que responda si ha presionado al fiscal contra el PP y si sus viajes por Latinoamérica son un despilfarro innecesario-.
Aún hay otro frente para alimentar la cizaña.
Las Cortes valencianas, con mayoría absoluta del PP, boicotea desde mayo el nombramiento de la socialista Leire Pajín como senadora. Esta semana ha sugerido que obligará a Pajín a pasar un examen de valencianidad -nunca realizado a ningún candidato- antes de votarla. El PSOE ha perdido la paciencia. Por boca de su vicesecretario general, José Blanco, amenazó con tomar represalias haciendo algo también insólito: vetar al PP en la dirección de varios organismos públicos que deben designarse a partir de septiembre.
La ruptura institucional, la reedición de la crispación, está servida.
***
O pruebas o dimisión
Los líderes del PP deben sustentar sus gravísimas acusaciones o abandonar la política
El partido Popular, principal grupo de la oposición y formación que aspira a gobernar España, volvió a sorprender ayer a la ciudadanía con el anuncio de que medita denunciar ante las instituciones europeas las presuntas escuchas ilegales a sus dirigentes. Esta vez fue Esteban González Pons, responsable de comunicación del partido de Rajoy, el autor de la ocurrencia. Cuando se cumplen varios días sin que el PP haya presentado una sola prueba de las gravísimas acusaciones lanzadas por su número dos, María Dolores de Cospedal, otro algo cargo del partido vuelve a superar las líneas rojas de la decencia democrática para ayudar a incendiar la política de este país, poner bajo sospecha las instituciones sobre las que descansa el ejercicio de nuestra democracia y atosigar a los ciudadanos con más crispación.
Basta ya. Los ciudadanos, que han asistido estupefactos esta semana a una escalada de tensión de las peores que se recuerdan, no tienen por qué soportar el cinismo de dirigentes políticos capaces de todo con el único objetivo de desviar la atención de los casos de corrupción que padecen. Si la estrategia ideada por el PP ante los gravísimos escándalos de Valencia, Madrid, y ahora Mallorca, entre otros, es derribar el edificio institucional a base de tremendas acusaciones sin pruebas, algunos de sus dirigentes deberían presentar la dimisión y aliviar a los ciudadanos de su presencia. Es inaceptable que una representante política de la categoría de María Dolores de Cospedal acuse sin pruebas al Gobierno, a la Fiscalía General del Estado, a los cuerpos de seguridad, a los servicios de inteligencia y a los jueces de cometer delitos más propios de un Estado totalitario que de una democracia europea. Si la número dos del PP no acude a los tribunales con las pruebas que sustenten sus acusaciones, debe abandonar la política. La democracia son procedimientos. Quien no los respeta no merece representar a los ciudadanos. No es la única. A su lado, otros importantes dirigentes del PP, como Cristóbal Montoro, contribuyen al desastre con la exigencia de que debe ser el Gobierno quien demuestre que las acusaciones son falsas. ¿Y Rajoy? El líder popular parece avalar, en ocasiones con su silencio, en ocasiones con sus palabras, la huida hacia adelante. ¿Es éste el estilo con el que aspira a conquistar La Moncloa?
Frente al fundado temor de que las olas de la corrupción continúen dejando indicios en la playa de Génova, y ante el temor de que el Supremo reabra el caso Camps ante la escandalosa insolvencia jurídica del auto de archivo emitido por el tribunal valenciano, el PP pretende amedrentar a jueces, fiscales, policías y periodistas, y, de paso, desmotivar a la ciudadanía, convencido de que no pagará costes electorales.
Sus dirigentes deberían recordar que el Estado de derecho tiene la suficiente fortaleza, demostrada en otras ocasiones, para soportar las embestidas de políticos sin escrúpulos.
Manuel
#448
Pero hoy, ya no aguanto más.
¿Cómo puede Cospedal, con la desfachatez característica de su partido, acusar sin pruebas al Gobierno, a la policía, a la fiscalía y a todo el que se le ponga por delante?
Ellos, que están destruyendo las instituciones democráticas, que permiten que un magistrado más que amigo de Camps presida el tribunal a cargo de su caso (¿no nos enseñaron que ni un juez, ni un psicólogo, pueden llevar ningún caso de familiares o amigos por la obvia falta de objetividad?).
Ellos, que están demonizando a policías, jueces y fiscales.
Ellos, que son incapaces de dimitir (véase Camps, Fabra, Trillo, Costa y un largo etcétera) y que, encima, se chulean y se jactan de continuar en el poder.
¿Desde qué ética pueden hablar?
Los ciudadanos de bien no nos podemos permitir la pasividad ante el deterioro de la democracia, representada por sus instituciones, empezando por la justicia en la que la sociedad ya está dejando de creer, por no ser libre ni equitativa sino puesta al servicio de políticos y poderosos. Hay que actuar, no callar, concienciarse, salir de este abotargamiento, y, sobre todo, en las próximas elecciones, castigar con nuestro voto a quien tanto daño está haciendo al país.
ANA ALONSO CASTRILLO - Madrid – 11/08/2009
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Despropósitos en cadena
Como en otras ocasiones, el PP está reaccionando frente a los escándalos de corrupción que le afectan dando rienda suelta al delirio persecutorio: buscando fuera razones que expliquen lo que pasa dentro.
Es como si temiera que sus buenas expectativas electorales pudieran verse anuladas por el descrédito asociado al caso Gürtel y sus derivaciones.
Pero esta vez ha ido demasiado lejos en su búsqueda de culpables.
Sorprendió que fuera su secretaria general, Dolores de Cospedal, otras veces moderada, quien se colocara al borde del abismo al lanzar la acusación de que el Gobierno se dedicaba más a perseguir a la oposición que a ETA; pero un día después avanzó un paso más al decir que España se había convertido en un "Estado policial" en el que se pinchan teléfonos de dirigentes del PP y se utiliza a la fiscalía, la policía judicial y el servicio secreto (el CNI) contra la oposición. Dijo que todo eso le constaba, no que temiera o sospechara: se trata de una acusación gravísima que requeriría algo más que afirmarlo.
Denunciarlo en el juzgado, como le han respondido los socialistas, o presentar pruebas ante la opinión pública.
No es que sea inimaginable que se pinchen teléfonos y se espíe a políticos.
Ocurrió a mediados de los años ochenta y ha vuelto a ocurrir hace poco en la Comunidad de Madrid. Pero, al igual que la referencia a ETA, no es una acusación que pueda lanzarse a la ligera.
De momento, su efecto ha sido irritar a jueces, policías y fiscales, cuyas organizaciones también piden pruebas o rectificación; y envenenar aún más las relaciones entre el PP y el PSOE.
El boicoteo de los populares valencianos a la elección de la socialista Leire Pajín como senadora autonómica (para cubrir la vacante dejada por un europarlamentario elegido el 7-J) ilustra esta penosa situación.
Podría ser lógico que el Parlamento valenciano examinara los méritos de los candidatos antes de votarlos, dado que su Estatuto no exige el requisito de ser parlamentario para la elección como senador autonómico; pero la pretensión del PP de que Pajín deba demostrar su compromiso con los "intereses y las señas de identidad" valencianas, y hasta su posición respecto al trasvase del Ebro, es ridícula.
Y más con el recuerdo de la designación, hace dos años, sin examen alguno, de alguien cuyo único mérito conocido era el de ser hija del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, investigado por presunta corrupción.
La respuesta de José Blanco, amenazando con bloquear las negociaciones para la renovación de instituciones como la Comisión de la Energía o la de las Comunicaciones, no ayuda a resolver el problema. Zapatero, en un tono muy comedido, pidió ayer responsabilidad al primer partido de la oposición. Dijo que no había querido llamar a Rajoy por no interrumpirle las vacaciones.
Llame o no Zapatero, el líder popular debe poner fin a esta cadena de despropósitos y evitar el descrédito de las instituciones y la política.
***
El PP prende la mecha de la crispación
Agosto ha dinamitado las relaciones institucionales entre las dos grandes formaciones políticas de España, PP y PSOE, envueltas en una guerra sorda a cuenta de las tramas de corrupción que salpican a los populares.
Este partido ha desencadenado esta semana una virulenta e inaudita escalada verbal contra el Gobierno, que los socialistas interpretan como una reacción de defensa ante las investigaciones judiciales que ponen bajo sospecha a algunos dirigentes del partido de Mariano Rajoy.
Impulsado por la victoria electoral de las europeas, animado por los últimos datos de las encuestas y aliviado por el archivo de la causa abierta por cohecho contra Francisco Camps, uno de sus principales barones, a Rajoy se le presentaba un inmejorable arranque de sus vacaciones.
Tanto que celebró eufórico ante los periodistas la exculpación provisional -el archivo está recurrido- de Camps, ironizó sobre el negocio que harían los vendedores de tila a cuenta de los que esperaban la condena del presidente valenciano y exigió cuentas a la Inquisición que denunció las andanzas de la trama corrupta en Valencia.
Después habló de un agosto ideal para visitar chiringuitos.
Pero el recurso de la Fiscalía ante el Supremo, que tendrá el efecto de mantener bajo sospecha al presidente valenciano durante al menos ocho meses con la amenaza de un traumático regreso al banquillo de los acusados, sumado a una inquietante redada judicial contra otra trama corrupta desarticulada en Baleares que afecta a ex altos cargos populares, ha devuelto a Rajoy y los suyos a los peores tiempos de la crispación.
Desde Marbella, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se encargó de agitar la vida política con algunas de las acusaciones más graves hechas nunca en democracia contra un Gobierno.
Cospedal aseguró el martes que la Fiscalía persigue a la oposición más que a ETA. Le debió de parecer poco y al día siguiente aseguró que los socialistas han ordenado escuchas ilegales a la oposición. Hasta los jueces, fiscales y policías conservadores se mostraron escandalizados por las asombrosas declaraciones.
La cuestión de si esta es una estrategia meditada y razonada en el PP para el próximo curso político sigue aún en el aire. Ni siquiera el rango de quien lanzó esa acusación (nada menos que la número dos del partido) despeja esa duda.
A pesar de que las acusaciones cuestionan el sistema mismo, Rajoy calla.
Nadie avaló a Cospedal el primer día. Incluso algún dirigente ha expresado en privado su estupor. El departamento de prensa del partido tardó varias horas en deslizar la idea de que estos hechos ya habían sido denunciados, aunque la denuncia del pasado día 24 que trata de hallar las fuentes periodísticas de EL PAÍS no decía nada parecido.
Después, todavía sin presentar pruebas, Cristóbal Montoro y José Luis Ayllón avalaron las acusaciones. El más explícito fue, ayer, Esteban González Pons.
"Hay gente en la justicia y en la policía que está empezando a darnos muchas claves", dijo en la Cope. Se entiende que la afirmación deja fuera a la Asociación Profesional de la Magistratura, al miembro del Poder Judicial Fernando de Rosa, nada menos que ex consejero de Camps, y a la CEP, sindicato policial que suele sintonizar con el PP. Todos ellos salieron el jueves, junto a todos los profesionales de la justicia y las Fuerzas de Seguridad a los que indirectamente Cospedal acusó de corruptos, a defender la honorabilidad de las instituciones y a exigir una denuncia formal si el PP tiene constancia de tales hechos.
El Gobierno recibió indignado y desconcertado estas andanadas verbales.
Hubo miembros del Ejecutivo que pensaron que lo mejor sería ningunear a Cospedal para rebajar la tensión: "Le ha dado demasiado el sol", ironizan.
E incluso barajaron la idea de que, tras la tormenta desatada por esas palabras, el PP echaría el freno.
Reflexionaron sobre la necesidad de establecer un contacto discreto con Federico Trillo, al que consideran "la mano que mece la cuna", en palabras de Elena Valenciano, pero lo descartaron.
Al final, los socialistas concluyeron que había que ser contundente en la respuesta por una denuncia tan calumniosa. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, de vacaciones en Lanzarote, consideraba muy grave que alguien pudiera acusar a su Gobierno de crear en España un estado policial; y, aunque optó por una reacción templada e institucional -pidió "responsabilidad" al partido de Rajoy-, dio vía libre a su partido para responder sin miramientos.
"El PP está corroído por la corrupción", declaró la diputada Elena Valenciano.
"El PP teme que algunos casos de corrupción, y el último de Mallorca, tengan graves consecuencias penales. Están preparando el terreno para que, si les va mal en los tribunales, instalar la idea de que son víctimas de la persecución ordenada por el Gobierno", señalaron otros dirigentes socialistas a este periódico.
"El PP reedita la crispación como forma de hacer política ante la evidente ausencia de alternativas", señaló José Blanco, el vicesecretario general del PSOE.
Pero el PP no se arredra y quiere que desfilen por el Congreso de los Diputados los supuestos culpables de tan graves delitos: el fiscal general del Estado -para que explique si hay un trato desigual a los imputados por corrupción del PSOE y del PP-, el Ministerio del Interior -para que aclare quién filtro el sumario sobre la corrupción del caso Gürtel y diga si ha pinchado los teléfonos de dirigentes populares- y la vicepresidenta primera del Gobierno -para que responda si ha presionado al fiscal contra el PP y si sus viajes por Latinoamérica son un despilfarro innecesario-.
Aún hay otro frente para alimentar la cizaña.
Las Cortes valencianas, con mayoría absoluta del PP, boicotea desde mayo el nombramiento de la socialista Leire Pajín como senadora. Esta semana ha sugerido que obligará a Pajín a pasar un examen de valencianidad -nunca realizado a ningún candidato- antes de votarla. El PSOE ha perdido la paciencia. Por boca de su vicesecretario general, José Blanco, amenazó con tomar represalias haciendo algo también insólito: vetar al PP en la dirección de varios organismos públicos que deben designarse a partir de septiembre.
La ruptura institucional, la reedición de la crispación, está servida.
***
O pruebas o dimisión
Los líderes del PP deben sustentar sus gravísimas acusaciones o abandonar la política
El partido Popular, principal grupo de la oposición y formación que aspira a gobernar España, volvió a sorprender ayer a la ciudadanía con el anuncio de que medita denunciar ante las instituciones europeas las presuntas escuchas ilegales a sus dirigentes. Esta vez fue Esteban González Pons, responsable de comunicación del partido de Rajoy, el autor de la ocurrencia. Cuando se cumplen varios días sin que el PP haya presentado una sola prueba de las gravísimas acusaciones lanzadas por su número dos, María Dolores de Cospedal, otro algo cargo del partido vuelve a superar las líneas rojas de la decencia democrática para ayudar a incendiar la política de este país, poner bajo sospecha las instituciones sobre las que descansa el ejercicio de nuestra democracia y atosigar a los ciudadanos con más crispación.
Basta ya. Los ciudadanos, que han asistido estupefactos esta semana a una escalada de tensión de las peores que se recuerdan, no tienen por qué soportar el cinismo de dirigentes políticos capaces de todo con el único objetivo de desviar la atención de los casos de corrupción que padecen. Si la estrategia ideada por el PP ante los gravísimos escándalos de Valencia, Madrid, y ahora Mallorca, entre otros, es derribar el edificio institucional a base de tremendas acusaciones sin pruebas, algunos de sus dirigentes deberían presentar la dimisión y aliviar a los ciudadanos de su presencia. Es inaceptable que una representante política de la categoría de María Dolores de Cospedal acuse sin pruebas al Gobierno, a la Fiscalía General del Estado, a los cuerpos de seguridad, a los servicios de inteligencia y a los jueces de cometer delitos más propios de un Estado totalitario que de una democracia europea. Si la número dos del PP no acude a los tribunales con las pruebas que sustenten sus acusaciones, debe abandonar la política. La democracia son procedimientos. Quien no los respeta no merece representar a los ciudadanos. No es la única. A su lado, otros importantes dirigentes del PP, como Cristóbal Montoro, contribuyen al desastre con la exigencia de que debe ser el Gobierno quien demuestre que las acusaciones son falsas. ¿Y Rajoy? El líder popular parece avalar, en ocasiones con su silencio, en ocasiones con sus palabras, la huida hacia adelante. ¿Es éste el estilo con el que aspira a conquistar La Moncloa?
Frente al fundado temor de que las olas de la corrupción continúen dejando indicios en la playa de Génova, y ante el temor de que el Supremo reabra el caso Camps ante la escandalosa insolvencia jurídica del auto de archivo emitido por el tribunal valenciano, el PP pretende amedrentar a jueces, fiscales, policías y periodistas, y, de paso, desmotivar a la ciudadanía, convencido de que no pagará costes electorales.
Sus dirigentes deberían recordar que el Estado de derecho tiene la suficiente fortaleza, demostrada en otras ocasiones, para soportar las embestidas de políticos sin escrúpulos.
ANABEL DÍEZ / PABLO X. DE SANDOVAL - Madrid – 09/08/2009
Manuel
#448
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