Olde Hansa
Unas mantitas de lana cuando cae la noche
Para llenar la panza a lo Sancho Panza
Hidromiel...
Chupitos...
...y otras delicatessen
Manuel
#450
domingo, agosto 16, 2009
martes, agosto 11, 2009
Argucias
Día tras día uno lee atónito y con impotencia las argucias y el cinismo que muestra el PP cuando acusa al Gobierno de todos sus males, intentando desviar así la atención de los ciudadanos de la acumulación de corrupciones que tiene en todos sus feudos.
Pero hoy, ya no aguanto más.
¿Cómo puede Cospedal, con la desfachatez característica de su partido, acusar sin pruebas al Gobierno, a la policía, a la fiscalía y a todo el que se le ponga por delante?
Ellos, que están destruyendo las instituciones democráticas, que permiten que un magistrado más que amigo de Camps presida el tribunal a cargo de su caso (¿no nos enseñaron que ni un juez, ni un psicólogo, pueden llevar ningún caso de familiares o amigos por la obvia falta de objetividad?).
Ellos, que están demonizando a policías, jueces y fiscales.
Ellos, que son incapaces de dimitir (véase Camps, Fabra, Trillo, Costa y un largo etcétera) y que, encima, se chulean y se jactan de continuar en el poder.
¿Desde qué ética pueden hablar?
Los ciudadanos de bien no nos podemos permitir la pasividad ante el deterioro de la democracia, representada por sus instituciones, empezando por la justicia en la que la sociedad ya está dejando de creer, por no ser libre ni equitativa sino puesta al servicio de políticos y poderosos. Hay que actuar, no callar, concienciarse, salir de este abotargamiento, y, sobre todo, en las próximas elecciones, castigar con nuestro voto a quien tanto daño está haciendo al país.
***
Como en otras ocasiones, el PP está reaccionando frente a los escándalos de corrupción que le afectan dando rienda suelta al delirio persecutorio: buscando fuera razones que expliquen lo que pasa dentro.
Es como si temiera que sus buenas expectativas electorales pudieran verse anuladas por el descrédito asociado al caso Gürtel y sus derivaciones.
Pero esta vez ha ido demasiado lejos en su búsqueda de culpables.
Sorprendió que fuera su secretaria general, Dolores de Cospedal, otras veces moderada, quien se colocara al borde del abismo al lanzar la acusación de que el Gobierno se dedicaba más a perseguir a la oposición que a ETA; pero un día después avanzó un paso más al decir que España se había convertido en un "Estado policial" en el que se pinchan teléfonos de dirigentes del PP y se utiliza a la fiscalía, la policía judicial y el servicio secreto (el CNI) contra la oposición. Dijo que todo eso le constaba, no que temiera o sospechara: se trata de una acusación gravísima que requeriría algo más que afirmarlo.
Denunciarlo en el juzgado, como le han respondido los socialistas, o presentar pruebas ante la opinión pública.
No es que sea inimaginable que se pinchen teléfonos y se espíe a políticos.
Ocurrió a mediados de los años ochenta y ha vuelto a ocurrir hace poco en la Comunidad de Madrid. Pero, al igual que la referencia a ETA, no es una acusación que pueda lanzarse a la ligera.
De momento, su efecto ha sido irritar a jueces, policías y fiscales, cuyas organizaciones también piden pruebas o rectificación; y envenenar aún más las relaciones entre el PP y el PSOE.
El boicoteo de los populares valencianos a la elección de la socialista Leire Pajín como senadora autonómica (para cubrir la vacante dejada por un europarlamentario elegido el 7-J) ilustra esta penosa situación.
Podría ser lógico que el Parlamento valenciano examinara los méritos de los candidatos antes de votarlos, dado que su Estatuto no exige el requisito de ser parlamentario para la elección como senador autonómico; pero la pretensión del PP de que Pajín deba demostrar su compromiso con los "intereses y las señas de identidad" valencianas, y hasta su posición respecto al trasvase del Ebro, es ridícula.
Y más con el recuerdo de la designación, hace dos años, sin examen alguno, de alguien cuyo único mérito conocido era el de ser hija del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, investigado por presunta corrupción.
La respuesta de José Blanco, amenazando con bloquear las negociaciones para la renovación de instituciones como la Comisión de la Energía o la de las Comunicaciones, no ayuda a resolver el problema. Zapatero, en un tono muy comedido, pidió ayer responsabilidad al primer partido de la oposición. Dijo que no había querido llamar a Rajoy por no interrumpirle las vacaciones.
Llame o no Zapatero, el líder popular debe poner fin a esta cadena de despropósitos y evitar el descrédito de las instituciones y la política.
***
Agosto ha dinamitado las relaciones institucionales entre las dos grandes formaciones políticas de España, PP y PSOE, envueltas en una guerra sorda a cuenta de las tramas de corrupción que salpican a los populares.
Este partido ha desencadenado esta semana una virulenta e inaudita escalada verbal contra el Gobierno, que los socialistas interpretan como una reacción de defensa ante las investigaciones judiciales que ponen bajo sospecha a algunos dirigentes del partido de Mariano Rajoy.
Impulsado por la victoria electoral de las europeas, animado por los últimos datos de las encuestas y aliviado por el archivo de la causa abierta por cohecho contra Francisco Camps, uno de sus principales barones, a Rajoy se le presentaba un inmejorable arranque de sus vacaciones.
Tanto que celebró eufórico ante los periodistas la exculpación provisional -el archivo está recurrido- de Camps, ironizó sobre el negocio que harían los vendedores de tila a cuenta de los que esperaban la condena del presidente valenciano y exigió cuentas a la Inquisición que denunció las andanzas de la trama corrupta en Valencia.
Después habló de un agosto ideal para visitar chiringuitos.
Pero el recurso de la Fiscalía ante el Supremo, que tendrá el efecto de mantener bajo sospecha al presidente valenciano durante al menos ocho meses con la amenaza de un traumático regreso al banquillo de los acusados, sumado a una inquietante redada judicial contra otra trama corrupta desarticulada en Baleares que afecta a ex altos cargos populares, ha devuelto a Rajoy y los suyos a los peores tiempos de la crispación.
Desde Marbella, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se encargó de agitar la vida política con algunas de las acusaciones más graves hechas nunca en democracia contra un Gobierno.
Cospedal aseguró el martes que la Fiscalía persigue a la oposición más que a ETA. Le debió de parecer poco y al día siguiente aseguró que los socialistas han ordenado escuchas ilegales a la oposición. Hasta los jueces, fiscales y policías conservadores se mostraron escandalizados por las asombrosas declaraciones.
La cuestión de si esta es una estrategia meditada y razonada en el PP para el próximo curso político sigue aún en el aire. Ni siquiera el rango de quien lanzó esa acusación (nada menos que la número dos del partido) despeja esa duda.
A pesar de que las acusaciones cuestionan el sistema mismo, Rajoy calla.
Nadie avaló a Cospedal el primer día. Incluso algún dirigente ha expresado en privado su estupor. El departamento de prensa del partido tardó varias horas en deslizar la idea de que estos hechos ya habían sido denunciados, aunque la denuncia del pasado día 24 que trata de hallar las fuentes periodísticas de EL PAÍS no decía nada parecido.
Después, todavía sin presentar pruebas, Cristóbal Montoro y José Luis Ayllón avalaron las acusaciones. El más explícito fue, ayer, Esteban González Pons.
"Hay gente en la justicia y en la policía que está empezando a darnos muchas claves", dijo en la Cope. Se entiende que la afirmación deja fuera a la Asociación Profesional de la Magistratura, al miembro del Poder Judicial Fernando de Rosa, nada menos que ex consejero de Camps, y a la CEP, sindicato policial que suele sintonizar con el PP. Todos ellos salieron el jueves, junto a todos los profesionales de la justicia y las Fuerzas de Seguridad a los que indirectamente Cospedal acusó de corruptos, a defender la honorabilidad de las instituciones y a exigir una denuncia formal si el PP tiene constancia de tales hechos.
El Gobierno recibió indignado y desconcertado estas andanadas verbales.
Hubo miembros del Ejecutivo que pensaron que lo mejor sería ningunear a Cospedal para rebajar la tensión: "Le ha dado demasiado el sol", ironizan.
E incluso barajaron la idea de que, tras la tormenta desatada por esas palabras, el PP echaría el freno.
Reflexionaron sobre la necesidad de establecer un contacto discreto con Federico Trillo, al que consideran "la mano que mece la cuna", en palabras de Elena Valenciano, pero lo descartaron.
Al final, los socialistas concluyeron que había que ser contundente en la respuesta por una denuncia tan calumniosa. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, de vacaciones en Lanzarote, consideraba muy grave que alguien pudiera acusar a su Gobierno de crear en España un estado policial; y, aunque optó por una reacción templada e institucional -pidió "responsabilidad" al partido de Rajoy-, dio vía libre a su partido para responder sin miramientos.
"El PP está corroído por la corrupción", declaró la diputada Elena Valenciano.
"El PP teme que algunos casos de corrupción, y el último de Mallorca, tengan graves consecuencias penales. Están preparando el terreno para que, si les va mal en los tribunales, instalar la idea de que son víctimas de la persecución ordenada por el Gobierno", señalaron otros dirigentes socialistas a este periódico.
"El PP reedita la crispación como forma de hacer política ante la evidente ausencia de alternativas", señaló José Blanco, el vicesecretario general del PSOE.
Pero el PP no se arredra y quiere que desfilen por el Congreso de los Diputados los supuestos culpables de tan graves delitos: el fiscal general del Estado -para que explique si hay un trato desigual a los imputados por corrupción del PSOE y del PP-, el Ministerio del Interior -para que aclare quién filtro el sumario sobre la corrupción del caso Gürtel y diga si ha pinchado los teléfonos de dirigentes populares- y la vicepresidenta primera del Gobierno -para que responda si ha presionado al fiscal contra el PP y si sus viajes por Latinoamérica son un despilfarro innecesario-.
Aún hay otro frente para alimentar la cizaña.
Las Cortes valencianas, con mayoría absoluta del PP, boicotea desde mayo el nombramiento de la socialista Leire Pajín como senadora. Esta semana ha sugerido que obligará a Pajín a pasar un examen de valencianidad -nunca realizado a ningún candidato- antes de votarla. El PSOE ha perdido la paciencia. Por boca de su vicesecretario general, José Blanco, amenazó con tomar represalias haciendo algo también insólito: vetar al PP en la dirección de varios organismos públicos que deben designarse a partir de septiembre.
La ruptura institucional, la reedición de la crispación, está servida.
***
O pruebas o dimisión
Los líderes del PP deben sustentar sus gravísimas acusaciones o abandonar la política
El partido Popular, principal grupo de la oposición y formación que aspira a gobernar España, volvió a sorprender ayer a la ciudadanía con el anuncio de que medita denunciar ante las instituciones europeas las presuntas escuchas ilegales a sus dirigentes. Esta vez fue Esteban González Pons, responsable de comunicación del partido de Rajoy, el autor de la ocurrencia. Cuando se cumplen varios días sin que el PP haya presentado una sola prueba de las gravísimas acusaciones lanzadas por su número dos, María Dolores de Cospedal, otro algo cargo del partido vuelve a superar las líneas rojas de la decencia democrática para ayudar a incendiar la política de este país, poner bajo sospecha las instituciones sobre las que descansa el ejercicio de nuestra democracia y atosigar a los ciudadanos con más crispación.
Basta ya. Los ciudadanos, que han asistido estupefactos esta semana a una escalada de tensión de las peores que se recuerdan, no tienen por qué soportar el cinismo de dirigentes políticos capaces de todo con el único objetivo de desviar la atención de los casos de corrupción que padecen. Si la estrategia ideada por el PP ante los gravísimos escándalos de Valencia, Madrid, y ahora Mallorca, entre otros, es derribar el edificio institucional a base de tremendas acusaciones sin pruebas, algunos de sus dirigentes deberían presentar la dimisión y aliviar a los ciudadanos de su presencia. Es inaceptable que una representante política de la categoría de María Dolores de Cospedal acuse sin pruebas al Gobierno, a la Fiscalía General del Estado, a los cuerpos de seguridad, a los servicios de inteligencia y a los jueces de cometer delitos más propios de un Estado totalitario que de una democracia europea. Si la número dos del PP no acude a los tribunales con las pruebas que sustenten sus acusaciones, debe abandonar la política. La democracia son procedimientos. Quien no los respeta no merece representar a los ciudadanos. No es la única. A su lado, otros importantes dirigentes del PP, como Cristóbal Montoro, contribuyen al desastre con la exigencia de que debe ser el Gobierno quien demuestre que las acusaciones son falsas. ¿Y Rajoy? El líder popular parece avalar, en ocasiones con su silencio, en ocasiones con sus palabras, la huida hacia adelante. ¿Es éste el estilo con el que aspira a conquistar La Moncloa?
Frente al fundado temor de que las olas de la corrupción continúen dejando indicios en la playa de Génova, y ante el temor de que el Supremo reabra el caso Camps ante la escandalosa insolvencia jurídica del auto de archivo emitido por el tribunal valenciano, el PP pretende amedrentar a jueces, fiscales, policías y periodistas, y, de paso, desmotivar a la ciudadanía, convencido de que no pagará costes electorales.
Sus dirigentes deberían recordar que el Estado de derecho tiene la suficiente fortaleza, demostrada en otras ocasiones, para soportar las embestidas de políticos sin escrúpulos.
Manuel
#448
Pero hoy, ya no aguanto más.
¿Cómo puede Cospedal, con la desfachatez característica de su partido, acusar sin pruebas al Gobierno, a la policía, a la fiscalía y a todo el que se le ponga por delante?
Ellos, que están destruyendo las instituciones democráticas, que permiten que un magistrado más que amigo de Camps presida el tribunal a cargo de su caso (¿no nos enseñaron que ni un juez, ni un psicólogo, pueden llevar ningún caso de familiares o amigos por la obvia falta de objetividad?).
Ellos, que están demonizando a policías, jueces y fiscales.
Ellos, que son incapaces de dimitir (véase Camps, Fabra, Trillo, Costa y un largo etcétera) y que, encima, se chulean y se jactan de continuar en el poder.
¿Desde qué ética pueden hablar?
Los ciudadanos de bien no nos podemos permitir la pasividad ante el deterioro de la democracia, representada por sus instituciones, empezando por la justicia en la que la sociedad ya está dejando de creer, por no ser libre ni equitativa sino puesta al servicio de políticos y poderosos. Hay que actuar, no callar, concienciarse, salir de este abotargamiento, y, sobre todo, en las próximas elecciones, castigar con nuestro voto a quien tanto daño está haciendo al país.
ANA ALONSO CASTRILLO - Madrid – 11/08/2009
***
Despropósitos en cadena
Como en otras ocasiones, el PP está reaccionando frente a los escándalos de corrupción que le afectan dando rienda suelta al delirio persecutorio: buscando fuera razones que expliquen lo que pasa dentro.
Es como si temiera que sus buenas expectativas electorales pudieran verse anuladas por el descrédito asociado al caso Gürtel y sus derivaciones.
Pero esta vez ha ido demasiado lejos en su búsqueda de culpables.
Sorprendió que fuera su secretaria general, Dolores de Cospedal, otras veces moderada, quien se colocara al borde del abismo al lanzar la acusación de que el Gobierno se dedicaba más a perseguir a la oposición que a ETA; pero un día después avanzó un paso más al decir que España se había convertido en un "Estado policial" en el que se pinchan teléfonos de dirigentes del PP y se utiliza a la fiscalía, la policía judicial y el servicio secreto (el CNI) contra la oposición. Dijo que todo eso le constaba, no que temiera o sospechara: se trata de una acusación gravísima que requeriría algo más que afirmarlo.
Denunciarlo en el juzgado, como le han respondido los socialistas, o presentar pruebas ante la opinión pública.
No es que sea inimaginable que se pinchen teléfonos y se espíe a políticos.
Ocurrió a mediados de los años ochenta y ha vuelto a ocurrir hace poco en la Comunidad de Madrid. Pero, al igual que la referencia a ETA, no es una acusación que pueda lanzarse a la ligera.
De momento, su efecto ha sido irritar a jueces, policías y fiscales, cuyas organizaciones también piden pruebas o rectificación; y envenenar aún más las relaciones entre el PP y el PSOE.
El boicoteo de los populares valencianos a la elección de la socialista Leire Pajín como senadora autonómica (para cubrir la vacante dejada por un europarlamentario elegido el 7-J) ilustra esta penosa situación.
Podría ser lógico que el Parlamento valenciano examinara los méritos de los candidatos antes de votarlos, dado que su Estatuto no exige el requisito de ser parlamentario para la elección como senador autonómico; pero la pretensión del PP de que Pajín deba demostrar su compromiso con los "intereses y las señas de identidad" valencianas, y hasta su posición respecto al trasvase del Ebro, es ridícula.
Y más con el recuerdo de la designación, hace dos años, sin examen alguno, de alguien cuyo único mérito conocido era el de ser hija del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, investigado por presunta corrupción.
La respuesta de José Blanco, amenazando con bloquear las negociaciones para la renovación de instituciones como la Comisión de la Energía o la de las Comunicaciones, no ayuda a resolver el problema. Zapatero, en un tono muy comedido, pidió ayer responsabilidad al primer partido de la oposición. Dijo que no había querido llamar a Rajoy por no interrumpirle las vacaciones.
Llame o no Zapatero, el líder popular debe poner fin a esta cadena de despropósitos y evitar el descrédito de las instituciones y la política.
***
El PP prende la mecha de la crispación
Agosto ha dinamitado las relaciones institucionales entre las dos grandes formaciones políticas de España, PP y PSOE, envueltas en una guerra sorda a cuenta de las tramas de corrupción que salpican a los populares.
Este partido ha desencadenado esta semana una virulenta e inaudita escalada verbal contra el Gobierno, que los socialistas interpretan como una reacción de defensa ante las investigaciones judiciales que ponen bajo sospecha a algunos dirigentes del partido de Mariano Rajoy.
Impulsado por la victoria electoral de las europeas, animado por los últimos datos de las encuestas y aliviado por el archivo de la causa abierta por cohecho contra Francisco Camps, uno de sus principales barones, a Rajoy se le presentaba un inmejorable arranque de sus vacaciones.
Tanto que celebró eufórico ante los periodistas la exculpación provisional -el archivo está recurrido- de Camps, ironizó sobre el negocio que harían los vendedores de tila a cuenta de los que esperaban la condena del presidente valenciano y exigió cuentas a la Inquisición que denunció las andanzas de la trama corrupta en Valencia.
Después habló de un agosto ideal para visitar chiringuitos.
Pero el recurso de la Fiscalía ante el Supremo, que tendrá el efecto de mantener bajo sospecha al presidente valenciano durante al menos ocho meses con la amenaza de un traumático regreso al banquillo de los acusados, sumado a una inquietante redada judicial contra otra trama corrupta desarticulada en Baleares que afecta a ex altos cargos populares, ha devuelto a Rajoy y los suyos a los peores tiempos de la crispación.
Desde Marbella, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se encargó de agitar la vida política con algunas de las acusaciones más graves hechas nunca en democracia contra un Gobierno.
Cospedal aseguró el martes que la Fiscalía persigue a la oposición más que a ETA. Le debió de parecer poco y al día siguiente aseguró que los socialistas han ordenado escuchas ilegales a la oposición. Hasta los jueces, fiscales y policías conservadores se mostraron escandalizados por las asombrosas declaraciones.
La cuestión de si esta es una estrategia meditada y razonada en el PP para el próximo curso político sigue aún en el aire. Ni siquiera el rango de quien lanzó esa acusación (nada menos que la número dos del partido) despeja esa duda.
A pesar de que las acusaciones cuestionan el sistema mismo, Rajoy calla.
Nadie avaló a Cospedal el primer día. Incluso algún dirigente ha expresado en privado su estupor. El departamento de prensa del partido tardó varias horas en deslizar la idea de que estos hechos ya habían sido denunciados, aunque la denuncia del pasado día 24 que trata de hallar las fuentes periodísticas de EL PAÍS no decía nada parecido.
Después, todavía sin presentar pruebas, Cristóbal Montoro y José Luis Ayllón avalaron las acusaciones. El más explícito fue, ayer, Esteban González Pons.
"Hay gente en la justicia y en la policía que está empezando a darnos muchas claves", dijo en la Cope. Se entiende que la afirmación deja fuera a la Asociación Profesional de la Magistratura, al miembro del Poder Judicial Fernando de Rosa, nada menos que ex consejero de Camps, y a la CEP, sindicato policial que suele sintonizar con el PP. Todos ellos salieron el jueves, junto a todos los profesionales de la justicia y las Fuerzas de Seguridad a los que indirectamente Cospedal acusó de corruptos, a defender la honorabilidad de las instituciones y a exigir una denuncia formal si el PP tiene constancia de tales hechos.
El Gobierno recibió indignado y desconcertado estas andanadas verbales.
Hubo miembros del Ejecutivo que pensaron que lo mejor sería ningunear a Cospedal para rebajar la tensión: "Le ha dado demasiado el sol", ironizan.
E incluso barajaron la idea de que, tras la tormenta desatada por esas palabras, el PP echaría el freno.
Reflexionaron sobre la necesidad de establecer un contacto discreto con Federico Trillo, al que consideran "la mano que mece la cuna", en palabras de Elena Valenciano, pero lo descartaron.
Al final, los socialistas concluyeron que había que ser contundente en la respuesta por una denuncia tan calumniosa. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, de vacaciones en Lanzarote, consideraba muy grave que alguien pudiera acusar a su Gobierno de crear en España un estado policial; y, aunque optó por una reacción templada e institucional -pidió "responsabilidad" al partido de Rajoy-, dio vía libre a su partido para responder sin miramientos.
"El PP está corroído por la corrupción", declaró la diputada Elena Valenciano.
"El PP teme que algunos casos de corrupción, y el último de Mallorca, tengan graves consecuencias penales. Están preparando el terreno para que, si les va mal en los tribunales, instalar la idea de que son víctimas de la persecución ordenada por el Gobierno", señalaron otros dirigentes socialistas a este periódico.
"El PP reedita la crispación como forma de hacer política ante la evidente ausencia de alternativas", señaló José Blanco, el vicesecretario general del PSOE.
Pero el PP no se arredra y quiere que desfilen por el Congreso de los Diputados los supuestos culpables de tan graves delitos: el fiscal general del Estado -para que explique si hay un trato desigual a los imputados por corrupción del PSOE y del PP-, el Ministerio del Interior -para que aclare quién filtro el sumario sobre la corrupción del caso Gürtel y diga si ha pinchado los teléfonos de dirigentes populares- y la vicepresidenta primera del Gobierno -para que responda si ha presionado al fiscal contra el PP y si sus viajes por Latinoamérica son un despilfarro innecesario-.
Aún hay otro frente para alimentar la cizaña.
Las Cortes valencianas, con mayoría absoluta del PP, boicotea desde mayo el nombramiento de la socialista Leire Pajín como senadora. Esta semana ha sugerido que obligará a Pajín a pasar un examen de valencianidad -nunca realizado a ningún candidato- antes de votarla. El PSOE ha perdido la paciencia. Por boca de su vicesecretario general, José Blanco, amenazó con tomar represalias haciendo algo también insólito: vetar al PP en la dirección de varios organismos públicos que deben designarse a partir de septiembre.
La ruptura institucional, la reedición de la crispación, está servida.
***
O pruebas o dimisión
Los líderes del PP deben sustentar sus gravísimas acusaciones o abandonar la política
El partido Popular, principal grupo de la oposición y formación que aspira a gobernar España, volvió a sorprender ayer a la ciudadanía con el anuncio de que medita denunciar ante las instituciones europeas las presuntas escuchas ilegales a sus dirigentes. Esta vez fue Esteban González Pons, responsable de comunicación del partido de Rajoy, el autor de la ocurrencia. Cuando se cumplen varios días sin que el PP haya presentado una sola prueba de las gravísimas acusaciones lanzadas por su número dos, María Dolores de Cospedal, otro algo cargo del partido vuelve a superar las líneas rojas de la decencia democrática para ayudar a incendiar la política de este país, poner bajo sospecha las instituciones sobre las que descansa el ejercicio de nuestra democracia y atosigar a los ciudadanos con más crispación.
Basta ya. Los ciudadanos, que han asistido estupefactos esta semana a una escalada de tensión de las peores que se recuerdan, no tienen por qué soportar el cinismo de dirigentes políticos capaces de todo con el único objetivo de desviar la atención de los casos de corrupción que padecen. Si la estrategia ideada por el PP ante los gravísimos escándalos de Valencia, Madrid, y ahora Mallorca, entre otros, es derribar el edificio institucional a base de tremendas acusaciones sin pruebas, algunos de sus dirigentes deberían presentar la dimisión y aliviar a los ciudadanos de su presencia. Es inaceptable que una representante política de la categoría de María Dolores de Cospedal acuse sin pruebas al Gobierno, a la Fiscalía General del Estado, a los cuerpos de seguridad, a los servicios de inteligencia y a los jueces de cometer delitos más propios de un Estado totalitario que de una democracia europea. Si la número dos del PP no acude a los tribunales con las pruebas que sustenten sus acusaciones, debe abandonar la política. La democracia son procedimientos. Quien no los respeta no merece representar a los ciudadanos. No es la única. A su lado, otros importantes dirigentes del PP, como Cristóbal Montoro, contribuyen al desastre con la exigencia de que debe ser el Gobierno quien demuestre que las acusaciones son falsas. ¿Y Rajoy? El líder popular parece avalar, en ocasiones con su silencio, en ocasiones con sus palabras, la huida hacia adelante. ¿Es éste el estilo con el que aspira a conquistar La Moncloa?
Frente al fundado temor de que las olas de la corrupción continúen dejando indicios en la playa de Génova, y ante el temor de que el Supremo reabra el caso Camps ante la escandalosa insolvencia jurídica del auto de archivo emitido por el tribunal valenciano, el PP pretende amedrentar a jueces, fiscales, policías y periodistas, y, de paso, desmotivar a la ciudadanía, convencido de que no pagará costes electorales.
Sus dirigentes deberían recordar que el Estado de derecho tiene la suficiente fortaleza, demostrada en otras ocasiones, para soportar las embestidas de políticos sin escrúpulos.
ANABEL DÍEZ / PABLO X. DE SANDOVAL - Madrid – 09/08/2009
Manuel
#448
domingo, agosto 09, 2009
Cinema
Set in 1966, it tells a story about a fictitious pirate radio statio
broadcasting from a ship to the United Kingdom.
broadcasting from a ship to the United Kingdom.
Rock'n'roll music !!!
Manuel
#447
viernes, agosto 07, 2009
De regalos y corrupciones
Como casi siempre, todo está en los romanos o en los griegos.
Lo de la ley, sobre todo en los romanos.
En el siglo III, un jurista llamado Domicio Ulpiano, que trabajaba para el emperador Caracalla, nos transmitía los sentimientos de su jefe al respecto de las xenias, o sea, de los regalos que los altos funcionarios del imperio recibían y podían o no aceptar.
Su consejo era un monumento al sentido común: "Ni todo, ni siempre, ni de todos".
Y lo explicaba un poco más: "un procónsul no puede privarse totalmente de xenia... rehusar de todos es una falta de educación, pero aceptar siempre parece de indecentes, despreciable aceptar de todos, y avaricioso aceptarlo todo".
Al final, de lo que se trata, según transmite Ulpiano, el espíritu de Caracalla, es de no sobrepasar en la aceptación de regalos todo aquello que excede las necesidades de la alimentación.
Traducido a nuestra época y a lo que nos preocupa sobre la actitud de nuestros políticos, nos deberíamos quedar con una botella de vino y una lata de espárragos como límites.
Lo de las anchoas, dependerá de la veda.
La cita de Ulpiano es, en cierto modo, consoladora, porque nos dice que nuestros representantes democráticos no son los más corruptos de la historia.
El asunto viene de lejos, por lo menos de los romanos.
Con algunos momentos estelares intermedios como la época en que Juan March era capaz de comprar a muchos de los mejores políticos españoles de la Restauración o la República.
Y el espléndido periodo franquista en el que el dictador daba ejemplo aceptando, por recordar un caso medianillo y morigerado, el pazo de Meirás.
Una vez consolados, sabedores de que no siempre están claros para todos los límites entre la aceptación educada de una pequeña Xenia que demuestra simpatía y la de 300.000 euros que demuestran demasiada simpatía, habrá que concentrarse en la búsqueda de unos mínimos códigos que den objetividad a la conducta pública, para evitar bochornos innecesarios.
¿Sería ilícito que una alcaldesa aceptara un bolso de marca y, en cambio, permisible que se dejara agasajar con una imitación comprada en los mercadillos de la frontera de Paraguay con Brasil? Fijar la otra frontera exigiría, para que la acción fuera eficiente, una tarea ingente de clasificación propia de entomólogos. También cabe otra solución, que es la de marcar un tope de precio.
Lo malo de estos regalos, de estas xenias, es que aunque no sirven para obtener contratos, sí suelen ser útiles para ablandar corazones. Son detalles simpáticos que pueden ayudar a abrir otras puertas.
Y detalles simpáticos que allanan, no siempre en la dirección más recomendable, las relaciones.
No sólo para facilitar la corrupción de políticos, sino también la de otro grupo profesional sobre el que se asientan algunos pilares del sistema: periodistas, que reciben en Navidad jamones, botellas de aceite, surtidos de turrón y, si se dedican a informar de instituciones financieras, plumas de oro y juegos de ajedrez de ébano y marfil. Y si de otras cosas, viajes al Caribe.
Lo de la ley, sobre todo en los romanos.
En el siglo III, un jurista llamado Domicio Ulpiano, que trabajaba para el emperador Caracalla, nos transmitía los sentimientos de su jefe al respecto de las xenias, o sea, de los regalos que los altos funcionarios del imperio recibían y podían o no aceptar.
Su consejo era un monumento al sentido común: "Ni todo, ni siempre, ni de todos".
Y lo explicaba un poco más: "un procónsul no puede privarse totalmente de xenia... rehusar de todos es una falta de educación, pero aceptar siempre parece de indecentes, despreciable aceptar de todos, y avaricioso aceptarlo todo".
Al final, de lo que se trata, según transmite Ulpiano, el espíritu de Caracalla, es de no sobrepasar en la aceptación de regalos todo aquello que excede las necesidades de la alimentación.
Traducido a nuestra época y a lo que nos preocupa sobre la actitud de nuestros políticos, nos deberíamos quedar con una botella de vino y una lata de espárragos como límites.
Lo de las anchoas, dependerá de la veda.
La cita de Ulpiano es, en cierto modo, consoladora, porque nos dice que nuestros representantes democráticos no son los más corruptos de la historia.
El asunto viene de lejos, por lo menos de los romanos.
Con algunos momentos estelares intermedios como la época en que Juan March era capaz de comprar a muchos de los mejores políticos españoles de la Restauración o la República.
Y el espléndido periodo franquista en el que el dictador daba ejemplo aceptando, por recordar un caso medianillo y morigerado, el pazo de Meirás.
Una vez consolados, sabedores de que no siempre están claros para todos los límites entre la aceptación educada de una pequeña Xenia que demuestra simpatía y la de 300.000 euros que demuestran demasiada simpatía, habrá que concentrarse en la búsqueda de unos mínimos códigos que den objetividad a la conducta pública, para evitar bochornos innecesarios.
¿Sería ilícito que una alcaldesa aceptara un bolso de marca y, en cambio, permisible que se dejara agasajar con una imitación comprada en los mercadillos de la frontera de Paraguay con Brasil? Fijar la otra frontera exigiría, para que la acción fuera eficiente, una tarea ingente de clasificación propia de entomólogos. También cabe otra solución, que es la de marcar un tope de precio.
Lo malo de estos regalos, de estas xenias, es que aunque no sirven para obtener contratos, sí suelen ser útiles para ablandar corazones. Son detalles simpáticos que pueden ayudar a abrir otras puertas.
Y detalles simpáticos que allanan, no siempre en la dirección más recomendable, las relaciones.
No sólo para facilitar la corrupción de políticos, sino también la de otro grupo profesional sobre el que se asientan algunos pilares del sistema: periodistas, que reciben en Navidad jamones, botellas de aceite, surtidos de turrón y, si se dedican a informar de instituciones financieras, plumas de oro y juegos de ajedrez de ébano y marfil. Y si de otras cosas, viajes al Caribe.
La salida es compleja.
Y quizá no quede más remedio que cortar por lo sano: los políticos y los periodistas no pueden recibir regalos cuyo valor exceda, por ejemplo, de 100 euros.
Una declaración de los partidos, de los grupos parlamentarios y de los directores de medios de comunicación bastaría para dejar las cosas en claro, y eliminaría la necesidad de hacer una ley, farragosa de forma obligada y ridículamente actualizable año tras año para adaptar los topes a la inflación.
Uno de los peores efectos de la polémica sobre los regalos a los políticos ha sido el de oscurecer el debate, aún más serio que lo de las anchoas del Cantábrico, sobre la corrupción.
Y volvemos a decir que la cosa es compleja (¡qué original!).
Pero, si lo piensa uno, no es tan compleja como parece a primera vista.
Porque la corrupción tiene dos caras, la del que la provoca y la del que la acepta.
Un agente, que podría ser un empresario, ofrece a un político algo a cambio de un favor; y un político acepta la oferta.
Al primero, al empresario (perdone el ilustre gremio el ser utilizado como ejemplo), sólo se le puede disuadir de su ilícita acción poniéndole ante la cara avisos legales y represivos; o sea, leyes duras contra ese tipo de acciones y actuaciones policiales y judiciales contundentes.
¿Sólo? No: poniéndole delante algo más serio, que es la garantía de que el sector público no va a aceptar nunca interferencias en adjudicaciones de obras o servicios.
Y algo más fácil que eso: dándole la garantía de que los partidos políticos van a rechazar cualquier actuación de sus militantes, sean estos dirigentes de primera o de cuarta fila, que rompa las leyes transparentes del mercado.
Un empresario alemán o francés sabía hasta hace poco que se enfrentaría a problemas serios si intentaba corromper a un político alemán o francés, pero también que nadie le iba a perseguir en su país por practicar la corrupción en África. Alguien tan poco sospechoso como Carlos Solchaga, ex ministro socialista, expresó en España su actitud de comprensión para quien tuviera que pagar en países foráneos tasas de corrupción para conseguir contratos.
Europa está así.
Es decir, que la tarea de combatir la corrupción está en los que hacen las leyes, en los que gobiernan y, de forma muy importante, en los partidos políticos.
¿Sería muy dificultoso obtener de esas instituciones, de los partidos, una declaración solemne por la que se garantizara que quien recibiera tentaciones de pagar podía tener la seguridad de que ni un euro de lo que le sirviera para satisfacer un soborno iría a parar a las arcas del partido?
Declararlo y demostrarlo muchas veces, tantas como se haya condenado a alguien por corrupción. Pero, para que una solemne declaración como esa tuviera credibilidad, haría falta que se cumplieran dos requisitos.
El primero, que las cuentas de los partidos fueran transparentes.
Porque no lo son, por mucho que lo aseguren los tesoreros de todos ellos, las cuentas están repletas de remiendos y de trucos. Los presupuestos son falsos y los déficits se suelen enmascarar con el dinero de los ayuntamientos y comunidades.
El segundo, que los sueldos, todas las remuneraciones que perciben nuestros políticos, afloren y sean considerados de interés público.
A muchos oradores parlamentarios se les hinchan los carrillos hablando de esos asuntos, pero todavía no sabemos por qué es imposible conocer de veras cuánto cobran cada mes aquéllos a los que elegimos que, desde el punto de vista del trabajo, son nuestros empleados, de los contribuyentes. Cuánto cobran, qué pluriempleos se permiten, qué dedicación tienen a su función y qué sueldos o primas sacan de sus actividades "externas".
Eso, de rebote, tendría un efecto gratificante para los que, por ejemplo, no reciben nada por participar en una tertulia y los que reciben un dineral por ser socios de un bufete de abogados.
Maniobras tan sencillas, tan poco complejas, bastarían para conseguir que nuestro país dejara de subir puestos en el ranking de la corrupción universal.
¿Por qué nuestros parlamentarios, por qué los dirigentes de los partidos a los que votamos se obstinan en no poner esos mecanismos en marcha?
La respuesta está volando en el viento porque la mayoría de los dirigentes políticos, de los responsables de los aparatos, quiere que esté ahí.
Mientras intentamos que se discuta sobre todo eso, que es de veras muy poquito y muy fácil, nos seguiremos dedicando a lo que es realmente complejo, que es saber cómo mantenernos en el límite de las xenias, aplicar el sentido común que nos recuerda Ulpiano: "ni todo, ni siempre, ni de todos".
Para ir tirando.
Agapito Ramos es abogado y Jorge M. Reverte es periodista y escritor.
Manuel
#446
#446
Peligroso precedente
04/08/09
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, por dos votos a uno, decidió ayer archivar la causa que se seguía contra el presidente de esa comunidad, Francisco Camps, y otros tres cargos públicos del PP imputados por un posible delito de cohecho.
La resolución, que la fiscalía recurrirá ante el Supremo, avala una doctrina sorprendente, si no escandalosa: que las autoridades pueden aceptar regalos valorados en miles de euros (trajes, relojes, pulseras, bolsos) por parte de empresas que contratan con las administraciones donde gobiernan esos políticos, siempre y cuando los beneficiados no participen en los distintos procesos de adjudicación.
En este caso, con un agravante: los autores de los regalos están siendo investigados por corrupción.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, por dos votos a uno, decidió ayer archivar la causa que se seguía contra el presidente de esa comunidad, Francisco Camps, y otros tres cargos públicos del PP imputados por un posible delito de cohecho.
La resolución, que la fiscalía recurrirá ante el Supremo, avala una doctrina sorprendente, si no escandalosa: que las autoridades pueden aceptar regalos valorados en miles de euros (trajes, relojes, pulseras, bolsos) por parte de empresas que contratan con las administraciones donde gobiernan esos políticos, siempre y cuando los beneficiados no participen en los distintos procesos de adjudicación.
En este caso, con un agravante: los autores de los regalos están siendo investigados por corrupción.
El artículo 426 del Código Penal sanciona la aceptación por autoridad o funcionario de regalos ofrecidos "en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido".
El bien que se trata de proteger es el principio de imparcialidad de gobernantes y funcionarios, y la conducta sancionada es el hecho de "admitir" la dádiva, aunque no se haya solicitado. Lo que se trata de evitar es que esa aceptación condicione decisiones públicas. Resulta sorprendente que se considere que el precepto sólo se aplica al funcionario o político que directamente participa en la adjudicación, y no a sus jefes.
Especialmente cuando lo que se consideran son decenas de contratos de la Administración valenciana a una misma empresa.
El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, ha declarado que recibió un reloj de alto valor de la trama, y que lo devolvió de inmediato.
Algo que pudieron haber hecho pero no hicieron los imputados de Valencia.
Se han limitado a negar que recibieran los regalos, o, en el caso de Camps, a decir que los pagaron (los famosos trajes) de su bolsillo. Pero la instrucción constató y el auto de ayer da por establecido que no hay prueba de tales pagos y sí, en cambio, de que los pagó el cabeza de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes.
Los contratos conseguidos por la red de Correa y El Bigotes con la Administración regional coincidieron con el periodo en el que hicieron decenas de regalos a dirigentes políticos valencianos. Y la mayoría de esos contratos los consiguieron sin concurso; en algunos casos, tras trocearlos para que cada adjudicación no superara el límite (12.000 euros) que permite hacerlo a dedo. Esto figura en el sumario y no es cuestionado por el auto.
En esas condiciones, Mariano Rajoy debería reservar para mejor ocasión su euforia de ayer:
"Ha ganado la justicia, el sentido común y los vendedores de tila", dijo.
A no ser que el líder del PP considere digno de euforia que el vestuario de uno de sus presidentes autonómicos esté financiado por los cabecillas de una presunta trama de corrupción, que la palabra de ese mismo presidente ante los ciudadanos y la justicia haya quedado desautorizada (el auto constata que los argumentos de Camps sobre el pago de los trajes no se sostienen) y que la Administración que dirige ese mismo líder regional recurra a prácticas más que dudosas para beneficiar a unas determinadas empresas.
Rajoy también acusó a quienes han denunciado las supuestas corruptelas, en relación a este periódico, de ser "la Inquisición".
Sin embargo, la denuncia partió de un ex concejal del PP y cuatro de los seis jueces que han estudiado el asunto hallaron suficientes indicios de cohecho por parte de los dirigentes imputados.
Pero ayer, los dos que constituían mayoría en la sala (uno de ellos, algo más que un amigo de Camps, según las palabras del propio presidente autonómico) opinaron de otra manera. El tercero, a través de un voto particular, cree que podría haber delito.
El Supremo tiene ahora la última palabra.
Manuel
#445
Baltic Tour #12 - Purtse
¡Bienvenidos a Purtse!
Das Rittergut Alt Isenhof (Burg Purtse)
Die historische Burg Festung erstrahlt wieder im alten Glanz nach der Renovierung 1987-1990 und beherbergt heute einen Konzert Saal, ein kleines Restaurant, Ausstellungsräume
und Säle für Veranstaltungen im Rittergut.
und Säle für Veranstaltungen im Rittergut.
Manuel
#444
Baltic Tour #11 - Narva ter
Adiós Narva
Con nuesto BaltMobile
El río Narva, frontera con Rusia
El mar báltico, 2ª etapa
Manuel
#443
Un mundo, una Europa
G-8, G-5, G-20, G-2, G-3 y ahora G-14 (el G-8 más el G-5 más Egipto):
nunca las matemáticas del orden mundial parecieron más complejas y confusas.
Kofi Annan, con ocasión del 50 aniversario de Naciones Unidas, en 2005, intentó ajustar las instituciones multilaterales de nuestro mundo para que se adecuen a sus nuevas realidades.
Fue un esfuerzo valiente que se produjo demasiado pronto.
El mundo industrial del norte todavía no estaba preparado para reconocer el nuevo peso de las potencias emergentes y la necesidad de alcanzar un nuevo equilibrio entre el norte y el sur, entre el este y el oeste.
¿La actual crisis financiera y económica, dada su profundidad traumática y la responsabilidad obvia de Estados Unidos en su origen, creó las condiciones necesarias y un clima más favorable para una refundación importante de las instituciones multilaterales?
Es demasiado pronto para confiar en que se produzca un verdadero cambio.
Lo que es seguro es que un reequilibrio entre el norte y el sur debe comenzar con una mirada honesta y realista de la situación actual de Europa en nuestro sistema multilateral.
Hoy tenemos a la vez demasiada Europa y demasiado poca Europa, o, para decirlo de otra manera, demasiados países europeos están representados en los principales foros del mundo, con demasiadas voces.
En cambio, en términos de peso e influencia, no hay suficiente Europa unida.
A principios de los años ochenta, un ex ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean François-Poncet, sugirió que Francia y el Reino Unido abandonaran sus sillas permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor de una única plaza de la Unión Europea.
Así Alemania ya no intentaría conseguir la suya propia, Italia no sentiría que la dejaban fuera y la identidad internacional de Europa se fortalecería de modo espectacular.
Por supuesto, esto no sucedió.
Francia y el Reino Unido no estaban dispuestos a abandonar el símbolo de su estatus nuclear e internacional. Y probablemente hoy estén aún menos dispuestos a hacerlo en nombre de una Unión que es menos popular que nunca, al menos en las Islas Británicas.
No obstante, seamos razonables: lo absurdo de la presencia de Italia en el G-8, sumado al hecho de que países como China, India y Brasil no sean miembros oficiales, ya no es aceptable o justificable.
Aún así, debido a esa anomalía, Europa sufre un grave déficit de legitimidad y presencia a nivel internacional.
Obviamente, Estados Unidos no se puede comparar con una Unión que está muy lejos de convertirse en un Estados Unidos de Europa.
Pero si el contraste entre los dos lados del Atlántico, entre el continente del "Sí, podemos" y el continente del "Sí, deberíamos", es tan inmenso, es por razones que los europeos se niegan a afrontar o incluso discutir.
La primera es la falta de algo que encarne a la Unión Europea.
Sería absurdo comparar al presidente estadounidense, Barack Obama, y al presidente de la Comisión de la UE, José Manuel Barroso, como si fueran iguales. Mientras que Obama debe su elección en gran medida a su carisma, Barroso probablemente se suceda a sí mismo precisamente por su falta de carisma, porque dice muy poco en tantos idiomas. Para los líderes nacionales de la UE cuyo último deseo es tener que lidiar con un nuevo Jacques Delors -es decir, un hombre con ideas propias-, un cero a la izquierda como Barroso es sencillamente ideal para ese puesto.
Pero la UE está pagando un precio altísimo por el anonimato burocrático de sus líderes.
Un proceso de creciente alienación e indiferencia entre la Unión y sus ciudadanos está en marcha, ilustrado por el bajo nivel de concurrencia en las últimas elecciones para el Parlamento Europeo.
Como consecuencia, hay menos Unión en Europa y menos Europa en el mundo.
Una voz europea fuerte, como la de Nicolas Sarkozy durante la presidencia francesa de la UE, puede marcar una diferencia, pero sólo por seis meses, y a costa de reforzar los sentimientos nacionalistas de otros países como reacción a lo que interpretan como expresión de "orgullo galo".
Así que si los europeos quieren recuperar la confianza en sí mismos, el orgullo y la esperanza colectiva, deben aprovechar la oportunidad que el ajuste necesario e inevitable del sistema multilateral representa para ellos.
Deberían hacer de la necesidad una virtud.
Por supuesto, una única voz europea en las instituciones multilaterales parece menos realista que nunca: ¿quién la quiere, excepto tal vez los miembros más pequeños de la UE?
Pero la última oportunidad de Europa de ser un actor de peso en un mundo multipolar descansa precisamente en su capacidad para presentar una voz única, unida y responsable.
Europa existe hoy como actor económico, no como actor político internacional.
Si los europeos se fijaran para sí mismos el objetivo de hablar con una sola voz, de tener un representante en el espectro de instituciones multilaterales -empezando por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas-, los tomarían más en serio.
En la era global, con el ascenso de las potencias emergentes y la relativa decadencia de Occidente, la única Europa que será tomada en serio es una Europa que pueda hablar y ser vista como una.
Manuel
#442
nunca las matemáticas del orden mundial parecieron más complejas y confusas.
Kofi Annan, con ocasión del 50 aniversario de Naciones Unidas, en 2005, intentó ajustar las instituciones multilaterales de nuestro mundo para que se adecuen a sus nuevas realidades.
Fue un esfuerzo valiente que se produjo demasiado pronto.
El mundo industrial del norte todavía no estaba preparado para reconocer el nuevo peso de las potencias emergentes y la necesidad de alcanzar un nuevo equilibrio entre el norte y el sur, entre el este y el oeste.
¿La actual crisis financiera y económica, dada su profundidad traumática y la responsabilidad obvia de Estados Unidos en su origen, creó las condiciones necesarias y un clima más favorable para una refundación importante de las instituciones multilaterales?
Es demasiado pronto para confiar en que se produzca un verdadero cambio.
Lo que es seguro es que un reequilibrio entre el norte y el sur debe comenzar con una mirada honesta y realista de la situación actual de Europa en nuestro sistema multilateral.
Hoy tenemos a la vez demasiada Europa y demasiado poca Europa, o, para decirlo de otra manera, demasiados países europeos están representados en los principales foros del mundo, con demasiadas voces.
En cambio, en términos de peso e influencia, no hay suficiente Europa unida.
A principios de los años ochenta, un ex ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean François-Poncet, sugirió que Francia y el Reino Unido abandonaran sus sillas permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor de una única plaza de la Unión Europea.
Así Alemania ya no intentaría conseguir la suya propia, Italia no sentiría que la dejaban fuera y la identidad internacional de Europa se fortalecería de modo espectacular.
Por supuesto, esto no sucedió.
Francia y el Reino Unido no estaban dispuestos a abandonar el símbolo de su estatus nuclear e internacional. Y probablemente hoy estén aún menos dispuestos a hacerlo en nombre de una Unión que es menos popular que nunca, al menos en las Islas Británicas.
No obstante, seamos razonables: lo absurdo de la presencia de Italia en el G-8, sumado al hecho de que países como China, India y Brasil no sean miembros oficiales, ya no es aceptable o justificable.
Aún así, debido a esa anomalía, Europa sufre un grave déficit de legitimidad y presencia a nivel internacional.
Obviamente, Estados Unidos no se puede comparar con una Unión que está muy lejos de convertirse en un Estados Unidos de Europa.
Pero si el contraste entre los dos lados del Atlántico, entre el continente del "Sí, podemos" y el continente del "Sí, deberíamos", es tan inmenso, es por razones que los europeos se niegan a afrontar o incluso discutir.
La primera es la falta de algo que encarne a la Unión Europea.
Sería absurdo comparar al presidente estadounidense, Barack Obama, y al presidente de la Comisión de la UE, José Manuel Barroso, como si fueran iguales. Mientras que Obama debe su elección en gran medida a su carisma, Barroso probablemente se suceda a sí mismo precisamente por su falta de carisma, porque dice muy poco en tantos idiomas. Para los líderes nacionales de la UE cuyo último deseo es tener que lidiar con un nuevo Jacques Delors -es decir, un hombre con ideas propias-, un cero a la izquierda como Barroso es sencillamente ideal para ese puesto.
Pero la UE está pagando un precio altísimo por el anonimato burocrático de sus líderes.
Un proceso de creciente alienación e indiferencia entre la Unión y sus ciudadanos está en marcha, ilustrado por el bajo nivel de concurrencia en las últimas elecciones para el Parlamento Europeo.
Como consecuencia, hay menos Unión en Europa y menos Europa en el mundo.
Una voz europea fuerte, como la de Nicolas Sarkozy durante la presidencia francesa de la UE, puede marcar una diferencia, pero sólo por seis meses, y a costa de reforzar los sentimientos nacionalistas de otros países como reacción a lo que interpretan como expresión de "orgullo galo".
Así que si los europeos quieren recuperar la confianza en sí mismos, el orgullo y la esperanza colectiva, deben aprovechar la oportunidad que el ajuste necesario e inevitable del sistema multilateral representa para ellos.
Deberían hacer de la necesidad una virtud.
Por supuesto, una única voz europea en las instituciones multilaterales parece menos realista que nunca: ¿quién la quiere, excepto tal vez los miembros más pequeños de la UE?
Pero la última oportunidad de Europa de ser un actor de peso en un mundo multipolar descansa precisamente en su capacidad para presentar una voz única, unida y responsable.
Europa existe hoy como actor económico, no como actor político internacional.
Si los europeos se fijaran para sí mismos el objetivo de hablar con una sola voz, de tener un representante en el espectro de instituciones multilaterales -empezando por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas-, los tomarían más en serio.
En la era global, con el ascenso de las potencias emergentes y la relativa decadencia de Occidente, la única Europa que será tomada en serio es una Europa que pueda hablar y ser vista como una.
Dominique Moisi 02/08/2009
Manuel
#442
domingo, agosto 02, 2009
Baltic Tour #10 - Narva bis
El Castillo de Narva
Patio interior
Panorámicas desde el Castillo
Paso fronterizo
Narva, centro ciudad
La playita
Ivangorod, ciudad gemela rusa, con su otro Castillo
En una esquinita, olvidado, el amigo Vladimir
(en realidad indicando el camino hacia los WC)
(en realidad indicando el camino hacia los WC)
La aduana, en hora no punta
Manuel
#441
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